No es algo que deba tomarnos por sorpresa ya que tan sólo dos días después de que la Ley de Vivienda recibiera la definitiva luz verde en el Senado, el Partido Popular registró una iniciativa en el Congreso pidiendo su derogación. Lo hizo, mediante una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso, por considerarla intervencionista, ideológica y contraria a la libertad individual. Aunque tal vez su mayor inconveniente sea que ha sido aprobada con el apoyo de ERC y EH Bildu.
Por lógica es una de las que Feijóo, si sale elegido con la mayoría suficiente el próximo 23 J, va a derogar. Pero no la única; el candidato popular añade a la de Vivienda, la Ley de Memoria Democrática, la ley trans, la de educación o la de eutanasia, además de la reforma laboral. Es decir, la inmensa mayoría de las leyes de peso aprobadas por el Gobierno de coalición.
La Ley de Vivienda inmersa en el Plan de Recuperación
Uno de los problemas para tanta derogación es que, como ha advertido la ministra de Hacienda, Nadia Calviño, la derogación o los cambios significativos de la reforma laboral, de las pensiones o de la nueva ley de vivienda que ha prometido el Partido Popular (PP) si llega al Gobierno implicarían penalizaciones millonarias de la Comisión Europea por incumplir las normas del Plan de Recuperación.
Este plan, en su artículo 24 del reglamento, recoge, que ante la petición de cada pago de los fondos, “la Comisión, con carácter preliminar y sin demora indebida, y a más tardar en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud, evaluará si se han cumplido de forma satisfactoria los hitos y objetivos pertinentes establecidos”. Además, añade que presupondrá que el Estado miembro interesado no haya revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente”.
Esto quiere decir que a la hora de evaluar solicitudes de nuevos desembolsos de fondos comunitarios, se evalúa también que no se han revertido las reformas. En caso de que se hayan revertido, existe una penalización económica por incumplimiento del Plan de Recuperación. A pesar de todo el esfuerzo que está poniendo el líder gallego y de la muletilla repetida hasta el aburrimiento, “derogar el sanchismo” puede salirnos muy caro.
¿Qué le pasa al Partido Popular con la Ley de Vivienda?
Centrando un poco el tiro, desde su área de vivienda aseguran que es una ley que crea inseguridad jurídica, atenta contra la propiedad privada, está muy ideologizada e invade las competencias de las comunidades autónomas, pudiendo llegar a ser inconstitucional. Además, aseguran que carga todo el peso sobre los propietarios y no resuelve ninguno de los problemas existentes en el mercado de la vivienda, sino más bien todo lo contrario.
Lo cierto es que apoyando esta opinión sobre la Ley de Vivienda, el Partido Popular aseguró que no la aplicaría en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en los que gobernara. Y la situación ha cambiado mucho tras las últimas elecciones municipales y autonómicas.
Ese pasado domingo 28 de mayo, el Partido Popular fue la fuerza más votada, con casi siete millones de votos, alrededor de 800.000 por delante de su seguidor el Partido Socialista Obrero Español. Con esos votos el PP consiguió arrebatar a la izquierda seis comunidades autónomas e innumerables ayuntamientos. El poder local cambió de manos, aunque en muchos casos fueron necesarios pactos con el partido ultraderechista VOX.
Como consecuencia de esas elecciones la Ley de Vivienda ha quedado desactivada o podría serlo en esas seis comunidades autónomas. Sin embargo, las próximas elecciones generales para el 23 de julio la ley podría ser derogada completamente si los populares consiguen formar gobierno lo que, al menos de momento, parece probable. Hay que recordar que la Ley de Vivienda, que lleva en vigor desde finales de mayo, forma parte del paquete de medidas que Bruselas exigió a España a cambio de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Y qué quiere hacer Feijóo en vivienda?
Además de “derogar el sanchismo” y “devolver España a los españoles”, muletillas ambas que repite por sus mítines y entrevistas, Feijóo que no explica cuando se robó España a los españoles y mira que yo le sugeriría la fecha del sábado 9 de junio del 2012, cuando entre el PP y el PSOE, con Rajoy de presidente, llegaron a un acuerdo para un recate bancario del que aún se nos deben más de 100.000 millones de euros, propone la friolera de 365 medidas divididas en cuatro grandes bloques.
En uno de ellos, el dedicado a la vivienda, comienza por derogar la Ley de Vivienda, impulsando a la vez una Ley de seguridad jurídica en el urbanismo para blindar las medidas que tomen en su legislatura e impedir cambios que puedan llegar impulsados por gobiernos de otro color. Además, pretende crear un programa de avales a jóvenes con hasta el 95% del precio de la vivienda, una movilización de suelo público para alquiler asequible y, por supuesto, una serie de medidas antiokupación con desalojos exprés en 24 horas y penas de cárcel para los delincuentes que okupen lo que no es suyo.
Así, a bote pronto, se me ocurre que los promotores y los bancos tienen que estar dando palmas hasta romperse las manos, pues unos van a poder vender viviendas y los otros cobrar las hipotecas al estado si los jóvenes no pagan. Creo que volvemos a repetir los interesados errores de siempre, pues el país ya tiene según los datos del INE, 26,6 millones de viviendas, de las cuales 3,9 se catalogan como vacías y 2,5 de uso esporádico. Para el INE una vivienda familiar se considera desocupada o vacía cuando no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie. Se trata de viviendas deshabitadas. No creo que necesitemos más parque de viviendas, aunque a los constructores les entusiasme el “afán constructor” y a los bancos la concesión de hipotecas avaladas por el Estado.
La movilización de suelo público del PP debe tener algún carácter excepcional, porque cuando Sánchez anunció la construcción de 20.000 viviendas de alquiler asequible en suelos de Defensa se le echaron un poco bastante encima. Será cuestión de saber de qué otro suelo público disponemos, aunque tal vez pudiéramos estar hablando de alguna inteligente colaboración público privada de esas que tanto se mencionan.
De los avales para que los jóvenes puedan alquilar una vivienda no dice nada y mejor, porque los fiascos en Madrid y Andalucía, con ayudas del Bono Joven para alquiler, que se retrasan, de momento, hasta siete meses, mejor ni hablar.
La okupación como argumento principal
El programa antiokupación expréss supongo lo dejará en manos de sus amigos de Desokupa, que ya tienen la organización montada y sobrada experiencia en las recuperaciones persuasivas de viviendas. De momento el líder popular asegura que reforzará “la defensa de la propiedad privada reconocida en el artículo 33 de la Constitución Española, a través de normas que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios y la convivencia vecinal frente al creciente fenómeno de la okupación ilegal, que se ha disparado en los últimos años”.
También quiere crear oficinas técnicas municipales para la lucha contra la okupación ilegal que cuenten con una asesoría jurídica a los vecinos o comunidades de vecinos afectados. En esto ya se le ha adelantado la Junta de Castilla y León, que ha puesto en marcha la primera oficina de este tipo en Soria. Algo aburrido debe estar el personal -5 personas en total-, ya que llevan un mes y medio desde que abrieron sin recibir ni una llamada.
Actuar contra la ocupación es una de las medidas estrella del paquete de vivienda. Por eso el PP pretende crear unidades especializadas en la lucha contra la ocupación en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y Unidades de Actuación Inmediata ante las ocupaciones inminentes con protocolos claros y efectivos.
No contentos con ello se dotará a las comunidades de propietarios de medios de defensa jurídica en la Ley sobre Propiedad Horizontal “para la protección de la convivencia vecinal, legitimándolas para realizar acciones preventivas contra la ocupación ilegal y para acudir a las autoridades. Supongo que estas patrullas vecinales contarán con el asesoramiento técnico y físico de Desokupa.
Hay que decirle a Feijóo que los datos del Poder Judicial evidencian que en 2022 ingresaron 2.785 verbales posesorios por okupación ilegal de viviendas en España, un 19,9% menos que en 2021, cuando se notificaron 3.479 procedimientos. Teniendo en cuenta que en nuestro país hay esos 26,6 millones de viviendas a 1 de enero de 2021, la ratio de ocupación por vivienda existente es de 0,00010%. Es decir, una cantidad bastante irrisoria, aunque claro está, no me gustaría estar en la estadística y de eso viven Securitas Direct y sus similares.
Con estos datos del Consejo General del Poder Judicial, poco sospechoso de sanchismo, creo que toda esta estructura anti okupade futura creación va a estar poco ocupada. Aunque, por lógica, después de tanta aparición en los medios, que han convertido a la ocupación en uno de los más importantes problemas nacionales, algo debe hacer para solucionarla.
El concepto ideológico como fondo del debate
En el fondo del problema suscitado por la Ley de Vivienda se debate el concepto ideológico que, por supuesto existe, tanto en la propia ley como en su derogación. Y en ese concepto ideológico, siempre presente en la forma de actuar de los diferentes partidos, para el PP es más importante el Artículo 33 de la Constitución Española que reconoce el derecho a la propiedad privada, que el 128 de la misma Constitución, que subordina toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, al interés general.
Es la diferencia ideológica existente entre los dos grandes partidos, uno en el que prevalece el interés de lo privado sobre lo público y viceversa. Debate abierto para estas próximas elecciones del 23 J en las que se dirime, al menos para los próximos cuatro años, el modelo liberal de que cada uno se pague los servicios que necesite y otro en el que el estado favorecerá unos servicios públicos, en sanidad, educación, transporte, vivienda…suficientes para todos, basados en unos impuestos considerados injustos por los que más tienen y que no quieren pagar las necesidades de los más pobres. Un estado social y más justo frente a otro liberal y más individualista de «sálvese quien pueda».
La Ley de Vivienda es un ejemplo más de esas diferencias ideológicas entre ambos modelos, existente a nivel mundial. El próximo 23 J habrá un continuismo en el camino de estos últimos cuatro años o una ruptura para los próximos, que se volverá a poner en cuestión en la siguiente cita electoral. Pero el modelo liberal preconizado por el PP no encuentra su mayor enemigo en las tendencias ideológicas del PSOE, sino en la dinámica de un mundo cada vez más poblado, con sus recursos de todo tipo más disputados y en el que la pura lógica entiende que para sobrevivir las soluciones deberán ser comunes y para todos. El desprecio social es suicida y peligroso para la convivencia.
Compartido con Aquimicasa