Hoy jueves 27 de octubre es una fecha clave en la que casi con seguridad el Banco Central Europeo, con Christine Lagarde en cabeza, subirá un 0.75% el precio oficial del dinero. Y aunque habrá que esperar al viernes para saber cómo se lo toma el Euríbor, las perspectivas no son nada buenas. El mes está resultando horrible para los hipotecados a interés variable y si no hay sorpresas, prolongando una semana que ha hecho perder al índice 35 milésimas, éste podría terminar por encima del 2,6%. Y esto es una catástrofe para aquellos a los que les toque revisar su hipoteca.
Para tenerlo claro, a quienes les toque revisar con el Euribor de octubre supone que para una hipoteca variable de 180.000€ a 25 años, con un diferencial del 1% y revisión anual, pasará de pagar una cuota de 640€ a pagar 915€. Esto son 275€ más cada mes, lo que equivale a 3.292€ más al año. Y esto es mucho, muchísimo si lo sumamos al coste de la luz, el gas y los alimentos.
La preocupación no está tan sólo entre los hipotecados, que comienzan a ver un año muy negro en el que van a tener que prescindir de muchos gastos superfluos, sino que también se extiende a los bancos y al Gobierno. Nadie del Ejecutivo quiere estar en la disyuntiva de hacer una moratoria hipotecaria por decreto o contemplar de nuevo una oleada de desahucios. Por eso se ha pedido a la banca que piensen y organicen soluciones.
Hace dos semanas ya, Caixabank, que tiene al estado como socio a través de Bankia, habló de una posible congelación de las cuotas hipotecarias al menos durante un año, pero la solución no ha gustado al resto del sector que prefiere organizar una política de novaciones con cada uno de los clientes para alargar el plazo de vencimiento de la hipoteca si las cuotas se incrementan por encima del 30%.
La situación puede resultar muy grave, porque a pesar del cambio de los contratos hipotecarios, que se pasaron mayoritariamente a cuota fija a lo largo del 2020, 21 y 22, cuando la banca lo necesitó, aún resta un 15% de hipotecas variables. Y para estos es para los que hay que adoptar soluciones que cubran al menos el 2022.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ve claramente insuficientes las propuestas bancarias, que están pensadas para las personas vulnerables y «esta crisis no solo va de personas vulnerables, sino de clases medias» ha asegurado, poniendo como ejemplo las dificultades que puede conllevar para una familia con hipoteca e hijos cuyos ingresos se sitúen en el entorno de los 30.000 euros hacer frente a una coyuntura como la actual.
El borrador que ha presentado el sector bancario al Ministerio de Economía, incorpora una modificación del ya conocido Código de Buenas Prácticas que facilita la refinanciación de la hipoteca a personas vulnerables, con menos de 24.318 euros de ingresos si su cuota hipotecaria sube al menos un 30% por el incremento del euríbor. Se ha hablado también de periodos de carencia, aplicar tipos fijos durante espacios de tiempo y hasta de quitas de deuda, aunque al estar todavía en estudio no se tiene muy claro como quedará finalmente.
Para la vicepresidenta segunda Díaz, vivimos en un momento en que los bancos están multiplicando sus beneficios gracias a la transferencia de rentas desde los hogares por el incremento de las cuotas hipotecarias. Y no olvidemos que siguen manteniendo su agresiva política de comisiones bancarias, cierre de oficinas y bajas laborales. Díaz ve con mucho mejores ojos la propuesta de Caixabank de congelar las hipotecas durante un periodo de tiempo, que el proceso por el que los usuarios de uno en uno, en un proceso de «David contra Goliat” tengan que ir a la oficina bancaria a negociar nuevas condiciones.
Y mientras hipotecados vulnerables y de clases medias, bancos y Gobierno se preocupan por la situación que se avecina, el principal partido de la oposición se da de baja del debate y olvidando a sus recurrentes clases medias se dedica a otras cosas.
Intentando que no se le asocie con el invento del “timo ibérico” que ahora carece de padre, madre y debe ser cosa de cuñaos, el Partido Popular, con el año electoral ya marcando su paso, vuelve a hacer de la ocupación “casus belli” y registra en el Congreso una nueva moción, a la que han llamado «escudo antiokupación», para luchar contra este problema que ha disparado su incidencia, según los populares, un 46% desde que Sánchez y sus socios llegaron a la Moncloa.
Entre las medidas que contiene la moción popular está el desalojo de forma «inmediata» en el caso de que la situación sea de flagrante delito y, en el caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la policía. Asimismo, también piden un incremento hasta 3 años de las penas por el delito de usurpación de bienes inmuebles, así como la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso a «determinados beneficios» y «endurecer las penas en el caso de que se trate de fenómenos mafiosos». También solicitan que al propietario de la vivienda ocupada ilegalmente se le devuelva el importe abonado en concepto de IBI e impuesto sobre el Patrimonio durante el periodo que no pudo disponer de su vivienda.
En nuestro país, lo conocido popularmente como «okupación», es un delito recogido en el Código Penal que puede realizarse de dos maneras y con distintas penas: la usurpación de vivienda, como un delito leve sin pena de prisión; y el allanamiento de morada, que puede tener una pena de hasta cuatro años de cárcel. La diferencia entre las dos figuras radica en que en el allanamiento de morada se trata de una vivienda habitada, ya sea habitual o segunda residencia y la usurpación sobre una vivienda vacía. El allanamiento es muy minoritario y la mayoría de las ocupaciones se producen como usurpación de vivienda. Siendo los más afectados los llamados grandes tenedores, bancos y fondos buitre y de forma muy minoritaria los pequeños propietarios.
No hay muchos datos sobre el total de viviendas ocupadas. A escala nacional, la fundación Institut Cerdà realizó un estudio en 2017 y estimó unas 87.500, lo que supone un 0,3% del parque de viviendas total. Lo que sí sabemos es que en 2020, que es el último año con datos, se han registrado 14.792 denuncias, casi 40 diarias, siendo Cataluña la que registra casi la mitad de los casos de toda España.
En nuestro país conjugamos dos situaciones que desembocan en el problema. Por un lado, un parque de viviendas vacías de 3.443.365, es decir, el 13,7% de los 25.882.055 que tenemos según el INE, y por el otro una ausencia clamorosa de vivienda social, que apenas llega al 1,6%. Lo que en comparación con los dos dígitos que tienen muchos de nuestros vecinos europeos es ridículo. Por eso, muchas familias que no tienen acceso a la vivienda por los altos precios del alquiler, deciden ocupar alguna vacía. Por supuesto, que también están los que lo hacen sin tener necesidad, pero, aunque parte de la «okupación» procede de mafias organizadas, el perfil mayoritario del okupa en España son personas sin recursos que no pueden afrontar el pago de una vivienda.
El problema no es particular de España, sino común a todos los países europeos que lo atajan con medidas de mejores o peores resultados.
Y si la ocupación afecta como mucho al 0,3% de las viviendas existentes en España, lo que demuestra que no es un problema tan acuciante como la subida de las cuotas hipotecarias que preocupa a centenares de miles de familias, es preciso preguntarse el porqué de la cruzada del Partido Popular.
Por un lado los casos de ocupación, alimentados por la derecha, sus medios y compañías de seguros, hasta convertirlos en un problema nacional, llegan muy bien, subidos en el miedo y en difusos mensajes de odio, al corazón de los millones de propietarios que tiene el país, que temen ser uno de esos 14.000 casos anuales. Por eso, cuando aparece algún pequeño propietario afectado, su caso se airea en todos los programas de TV matinales posibles. Por otro, porque los mayormente afectados en sus propiedades son los bancos y los fondos buitre, grandes tenedores de vivienda y que desde la burbuja inmobiliaria son familia cercana del PP; así les ayuda con sus propiedades y no les tiene que pedir recortes en sus beneficios para ayudar a los hipotecados, aunque esta cuestión, como en el caso de las compañías energéticas, ya está sobre el tapete europeo.
Pero hay otra razón más sibilina y política, también más rastrera porque demuestra que el interés del PP no tiene nada que ver con propietarios afectados sino con sus expectativas electorales y su necesidad aritmética para romper el pacto de Gobierno y que éste no pueda reeditarse. Los puntos de vista sobre la ocupación son muy distintos, no sólo entre los socios de Gobierno, sino también entre las filas parlamentarias del propio PSOE. Y éste puede ser uno de los motivos de la nueva moción y de la manera en que quieren se trate en el Congreso.
El Partido Popular pretende que se vote por separado cada uno de los puntos para mostrar las disensiones entre los socios de Gobierno, el PSOE y los partidos que le apoyan. Una ocasión más para romper el pacto de Gobierno y calentar el ambiente con la fundamental Ley de Vivienda en capilla.
Compartido con Aquimicasa