Con el problema de la vivienda en boca de todos y una situación que continúa empeorando, rara va a ser la semana que desde el Gobierno central o los autonómicos, no van a aparecer declaraciones o acciones para solventarlo o parecer que al menos lo intentan.
Esta semana le ha tocado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciar que el Ejecutivo pretende eliminar la concesión de las Golden Visa, un mecanismo que concede la residencia española al extranjero no comunitario que invierte más de medio millón en bienes inmuebles. La iniciativa llega tras medidas parecidas en Grecia, Portugal o Canadá, donde se ha vetado incluso la compra de casas por extranjeros para ver de controlar la subida de precios del inmobiliario.
Una Ley aprobada en época de crisis y necesidad inmobiliaria
La ley actual fue aprobada por el Partido Popular en 2013, con Mariano Rajoy de presidente y se pensó como una forma tanto de atraer inversores internacionales de fuera de la UE y el Espacio Schengen a España, como de revitalizar e insuflar recursos en el mercado inmobiliario muy afectado tanto por la burbuja del 2008 como por la crisis financiera que le siguió en el 2011.
La medida, que ha sido impulsada por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, había sido solicitada en diversas ocasiones desde el 2018 por representantes de la izquierda como Errrejón y ahora por Yolanda Díez.
Ha sido un repunte extraordinario en su concesión durante los dos últimos años, con 2.017 visados en el 2022 y 3.270 en el 2023, con muchas peticiones de ciudadanos rusos y chinos, duplicando las cifras habituales, lo que ha precipitado la medida. Junto a ellos aparecen estadounidenses, ucranianos, iraníes, venezolanos y mejicanos. Desde 2018, ciudadanos extranjeros han realizado inversiones inmobiliarias por un valor de al menos 4.800 millones de euros como vía para conseguir un certificado de residencia en España.
De entre ellos ciudadanos rusos han destinado más de 400 millones de euros para adquirir inmuebles en España a cambio de la residencia. Y por su lado, dos de esas personas, de origen estadounidense, habrían destinado más de 700 millones de euros a la compra de propiedades inmobiliarias.
Desde su inicio, en 2013, se han concedido 14.576 visados por la compra de viviendas de más de 500.000 euros teniendo como principales mercados Madrid, Barcelona, Málaga, Baleares, Valencia y Alicante, “mercados todos ellos muy tensionados” ha asegurado como argumento para su decisión la ministra.
La especulación inmobiliaria que este sistema produce, unido a una mala imagen vista desde Bruselas y a posibles casos de blanqueo de capitales son las posibles causas de la medida tomada. Aunque por el insignificante número de operaciones, comparado con el total del mercado de compraventa, no parecen tener mucha influencia en la actual situación de tensionamiento del mercado. Parece más bien una cuestión de imagen para dar la apariencia de que se está haciendo algo. Y que conste que no digo que no se debiera hacer, pero creo que existen otros aspectos más prioritarios y veo más un aspecto ideológico de concesión a sus apoyos parlamentarios, que una medida trascendente para la situación del mercado inmobiliario y que no debiera tener tanta resonancia.
La inversión en vivienda no es la única posibilidad para obtener la residencia
Volviendo a la concesión de residencia, comprar una vivienda de 500.000 euros no es la única acción que contempló la legislación del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 para obtener la residencia española. En concreto, y con el objetivo de fomentar la inversión extranjera y mitigar la presión sobre la deuda soberana española en un contexto de crisis financiera muy importante, también se contempló la posibilidad de obtener la residencia mediante la compra de deuda pública española con un mínimo de dos millones de euros, o a través de la inversión en acciones o depósitos bancarios en entidades financieras españolas por un valor mínimo de un millón de euros. De momento, el Gobierno no ha aclarado si estas últimas opciones se van a mantener para los inversores foráneos.
En el supuesto de inversión en deuda pública, se debe presentar un certificado de la entidad financiera o del Banco de España en el que se indique que el solicitante es el titular único de la inversión para un periodo igual o superior a 5 años. En el supuesto de fondos de inversión o fondos de capital riesgo constituidos en España, se presentará un certificado de la sociedad gestora del fondo constituida en España y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Finalmente, en el supuesto de inversión en depósito bancario, se deberá adjuntar un certificado de la entidad financiera en el que se constate que el solicitante es el titular único del depósito bancario.
Pero, además, se contempló otra tercera posibilidad para obtener la residencia, poner marcha en España un proyecto empresarial que sea considerado y acreditado como de interés general. Para que lo sea, se valora que cree puestos de trabajo; que suponga una inversión con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico donde se desarrolle; o que conlleve una aportación relevante científica o tecnológica.
La Golden Visa tiene poca o nula influencia en el mercado inmobiliario
En todo caso, y en palabras de la ministra Isabel Rodríguez, la adquisición de viviendas ligadas a inversiones contempladas en la ley de 2013 representa el 7,1% del total de las compraventas en un año en Marbella; el 5,3% en Barcelona y el 10% en algunos municipios de las Islas Baleares. Además, de cada 100 visados otorgados por la Golden Visa, 94 de ellos están vinculados a la acción inversión inmobiliaria.
En 2023, se concedieron 3.200 visados de oro, lo que representa una fracción mínima de las transacciones de vivienda realizadas por extranjeros en España, que supusieron el 15,0% del total de las compras de vivienda (13,8% de 2022), alcanzado cerca de 88.000 operaciones.
El sector del inmobiliario de lujo apenas ha dicho nada de la iniciativa del Gobierno y es que en el mercado inmobiliario de este pasado año 2023 y en el que se espera para el actual, las cifras de la Golden Visa, a pesar de lo que diga la ministra de Vivienda en sus justificaciones, son irrisorias.
En los próximos meses veremos medidas, desde diferentes administraciones, tendentes a regular el alquiler temporal, que quedó pendiente en la Ley de Vivienda y también el alquiler de habitaciones, que está tomando un gran auge detrayendo viviendas no sólo al mercado del alquiler tradicional sino también al de la compraventa por la elevada rentabilidad que proporciona. Unido a ello vamos a tener un cambio en el mercado financiero, con descenso de las cuotas hipotecarias y un ligero incremento en el capital prestado por disminución de la tasa de esfuerzo.
Nuevas medidas llegarán para intentar paliar el problema de la vivienda
No es que vaya a cambiar mucho el mercado, teniendo en cuenta del déficit de casi 600.000 viviendas de obra nueva que padecemos y que está ya interfiriendo en la acostumbrada evolución de muchas familias desde la segunda mano a la obra nueva, pero va a llegar un incremento de la demanda a partir de mayo y consecuentemente un aumento de precio por ausencia de la suficiente oferta. Y en eso vamos a contracorriente de Europa, lo que parece lógico si tenemos en cuenta que estamos canalizando mucha de la demanda que escapa de esos países hacia un clima benigno, calidad de vida y aún mejores precios, sin que tenga nada que ver la Golden Visa. De una manera u otra hay que intentar poner más vivienda en el mercado y eso, a un lado o a otro va a pisar callos, porque en el sector inmobiliario hay muchos intereses cruzados y siempre algunos se podrán ver agraviados por las decisiones.
El problema de la vivienda y su solución, debiera enfocarse como un pacto de Estado entre las distintas fuerzas políticas en el que todos cedan y la sociedad en su conjunto gane, pero en el patio de Monipodio en que se ha convertido la política nacional, con puñaladas propias además de las ajenas, nadie quiere aparecer pactando con el contrario ante sus votantes y correligionarios. Su falta de talla y visión política a largo plazo y el exceso de ruido mediático mercenario se lo impiden. Sin lugar a dudas lo pagaremos.
Compartido con Aquimicasa