Como era de prever, tras los repetidos anuncios de incremento del precio del dinero, el mercado inmobiliario ha entrado en un proceso de ralentización, animado únicamente por los que quieren comprar antes de que la oferta financiera empeore.
Así lo indican los datos del pasado mes de julio, que muestran un incremento en las operaciones de compraventa de un 8% frente a las estadísticas del pasado año, pero una disminución del 11% comparando sus datos con el anterior mes de junio. En todo caso las 53.720 operaciones que declara el INE se realizaron en julio, es la mayor cifra este mes desde el año 2007 y el decimoséptimo mes consecutivo de incremento en las operaciones de compraventa.
En consonancia con estos datos, las hipotecas en julio descendieron un 16% en tasa mensual, aunque, con 35.918 préstamos firmados, crecieron un 2,3% en tasa anual respecto al mismo mes del 2021. Es el segundo mes en importancia después de julio del 2007 cuando se firmaron 55.000 contratos hipotecarios.
A falta de los datos de agosto, que se mostraran más afectados por la temporada estival y por los rezagados que desean adquirir vivienda antes de que en septiembre llegara Lagarde con el susto del euríbor, la situación muestra una ralentización que puede agudizarse en los primeros meses del otoño.
A falta de datos en línea de la situación inmobiliaria, puede decirse que la sensación de los profesionales de la intermediación en estos momentos es muy distinta a cuando se comenzó el año. Los primeros trimestres del 2022 auguraban uno de los mejores años hipotecarios de la última década, pero la subida de los tipos en julio y septiembre por parte del Banco Central Europeo ha enfriado el mercado hipotecario y la compra de viviendas. Hay una cierta preocupación por el final de año.
Esta misma semana la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha vuelto a confirmar que se producirán nuevas subidas de los tipos de interés en las próximas reuniones del consejo, la primera de las cuales será el próximo 27 de octubre. La lucha contra la inflación emprendida por el BCE es la causa, pero amenaza con llevarse por delante la economía de muchos países de la eurozona.
El objetivo del BCE es enfriar la economía y llegar a una estabilidad de los precios de alrededor del 2%, lo que es un largo camino teniendo en cuenta que los últimos datos cifraban la inflación de la eurozona en el 9,1%. Además, hay que tener en cuenta que el BCE no controla ni la política monetaria de Estados Unidos, que padece un tipo de inflación muy distinto al europeo, y mucho menos la guerra energética y militar de Putin. Una política equivocada o demasiado estricta del BCE contra la inflación, llevará a la recesión en algunos países europeos, y a la pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo.
Sin embargo, la situación económica mundial dista mucho de ser como la europea. La guerra militar en nuestras fronteras y las consecuencias energéticas dejan a Europa como la mayor perdedora de la coyuntura. La economía europea tiene muchas posibilidades de entrar en recesión a finales de este año o en el 2023, no así China, Latinoamerica y Estados Unidos que se verá muy beneficiado por la debilidad europea. Su estrategia animando la guerra ha sido sobresaliente. Debilita a Rusia militar y económicamente, deja a Europa convertida en campo de batalla y en la ruina y vende sus armas sobrantes, reactivando su industria militar ¿qué más se puede pedir?
Hay algunas otras consecuencias indeseables de la situación inflacionista, que persistirá sin duda todo el 2023, como son la caída del poder adquisitivo con subidas salariales por debajo de la inflación, lo que se traducirá en incremento de la pobreza y del descontento social. Para evitarlo será imprescindible una mayor cobertura a los más desfavorecidos que no se podrá conseguir sin realizar el necesario ajuste fiscal para obtener más recursos.
Y en este sentido y aunque no se haya divulgado en los medios de comunicación, el propio BCE, poco sospechoso de comunista bolivariano, ha pedido una mayor fiscalidad a los que más tienen.
Por ello, el Gobierno de España va a llevar a cabo una serie de medidas que se quieren introducir en los presupuestos del 2023. Tal vez la más importante sea la actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, fijado en estos momentos en 579,02 euros y que se utiliza como referencia para la concesión de multitud de ayudas sociales, subsidios por desempleo, acceso a viviendas de protección oficial y ayudas para el alquiler, becas de estudio, servicios de asistencia jurídica gratuita, rentas mínimas de inserción… o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Este indicador se encuentra prácticamente congelado, dificultando el acceso a las ayudas públicas mencionadas, a excepción de los casos de extrema pobreza. Su incremento supondrá más ayudas para los colectivos más afectados por la situación económica, pero también un mayor gasto presupuestario que debe llegar por la vía de una mayor solidaridad fiscal.
Así, se pretende hacer efectivo el 15% del impuesto de Sociedades, una nueva fiscalidad para las grandes fortunas y el establecimiento de unos mínimos no bonificables en los tan traídos y llevados impuestos sobre el Patrimonio y el de Sucesiones, evitándose de esta manera el dumping fiscal iniciado por Madrid y seguido por otras Comunidades Autónomas. No va a quedar fuera del tintero la reducción de la brecha tributaria que existe entre las rentas del trabajo y las del capital, con una injusta mayor carga sobre los trabajadores frente a los rentistas y que se va a solucionar vía el incremento del IRPF.
De esta manera, impulsando una mayor fiscalidad hacia sectores tradicionalmente poco solidarios, deben poderse conseguir los recursos para una bajada del IVA en productos de primera necesidad, la prorrogación de las ayudas al transporte, el incremento del Ingreso Mínimo Vital, los alquileres o las hipotecas.
Para finalizar, y volviendo al mercado inmobiliario, queda por abrir el melón de los precios de la vivienda y su afección por la situación económica de ralentización de las operaciones. Parece lógico que, si los precios han ido subiendo por un exceso de demanda, ahora que se va a dar el efecto contrario pueda experimentarse un ajuste. Y ya hay vaticinios, como el del propio BCE que anticipa una bajada del 9% en la eurozona; caída que algunos analistas no dudan en llevar hasta el 20% en los dos próximos años, lo que me parece demasiado, sobre todo porque en el mercado continúa habiendo mucho dinero, aunque eso sí, centrado en la vivienda de lujo y en la de costa.
El panorama comenzará a aclararse cuando la guerra de Ucrania y el terror energético se solucionen. Y esa es la mejor opción para Europa. Tal vez sea bueno dejar de echar gasolina y buscar el mejor entendimiento posible. La continuidad del conflicto nos va a costar mucho en todos los sentidos.
Compartido con Aquimicasa