La credibilidad periodística lleva ya mucho tiempo en entredicho, demasiado para la salud de un sector garante de la democracia y que tiene entre sus filas a muchos compañeros de prestigio. Los intereses de las empresas periodísticas, compradas y vendidas entre fondos y grupos de presión, está llevando a la profesión a la tumba. No hay que confundir a los periodistas con los propietarios de los medios; los primeros son unos sencillos trabajadores, obreros de la información, a sueldo de unas empresas a las que los cambios tecnológicos han puesto en una difícil, casi imposible situación económica. Y la venta de su influencia puede llevarles sino al cierre definitivo, si a una completa y total renovación.
Por supuesto que no todos los casos pueden medirse con la misma vara, ni entre los profesionales informativos -algunos no pueden llevar siquiera ese nombre-, ni entre las empresas periodísticas. El reciente escándalo, no por sospechado menos impactante, de los audios de Ferreras, Inda, Terradillos y Villarejo está sacudiendo la conciencia periodística de muchos profesionales que se niegan a servirles de apoyo. También hay empresas digitales, con muchos menos costes, como Infolibre, que han salido a la palestra a romperse la cara por la profesión.
Pero no siempre los casos de fake news son tan claros ni demoledores como los que nos han mostrado y demostrado los vídeos. Los intereses empresariales llevan muchos años infiltrándose en la información periodística y por unos motivos u otros, lo que debiera ser publicidad directa o comunicados de prensa empresariales, aparece en los medios como si fuera información contrastada. Y no lo son, bien porque el redactor/becario carece de tiempo y ganas para para hacer otra cosa que “un copia pega” o porque el interés de la empresa y su dinero consiguen que aparezca como información lo que es opinión. Y resulta necesario saber diferenciarlo para no quedar intoxicado.
El caso es que la credibilidad del medio y del periodista, que parece que ya no importan ninguna de las dos en el esfuerzo por sobrevivir cueste lo que cueste, quedan gravemente conculcadas y con ello la calidad de la información con la que emitimos nuestros juicios y llevamos adelante nuestras acciones. Del peligro que para la democracia supone esta situación mejor ni hablamos, que ya está quedando bien demostrada con su influencia en los periodos electorales.
Sirva el siguiente texto, aparecido en un conocido medio digital, de ejemplo, para ilustrar la situación, con algo más de un corta pega y manejo del redactor para potenciar los intereses de en este caso ASVAL, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, fundada por los fondos buitre hace algo más de dos años para defender sus intereses ante la entrada de Podemos en el Gobierno.
ASVAL, que tiene como socios relevantes a Testa Home, Aedas Homes, Ares, Tectum, Blackstone, o La llave de oro, con más de 50.000 viviendas en sus carteras, lleva desde casi sus inicios una política de captación de pequeños propietarios muy activa y con publicidad constante en redes sociales y medios on line. El objetivo es diluir la imagen de asociación de fondos buitre para representar así a empresas y particulares.
Con más de 30.000 viviendas, con un valor de mercado que supera los 5.800 millones de euros, el fondo norteamericano Blackstone es el líder. Cuenta con cinco sociedades cotizadas de inversión (socimis) Testa, Albirana, Fidere, Torbel y Euripo y continúa afianzando su negocio. No sólo en vivienda, sino que ya lleva invertidos en España más de 25.000 millones de euros, muchos de ellos en negocios a largo plazo.
ASVAL presume ya, de tener 4.000 asociados “la mayoría particulares“. Una cifra ridícula si entendemos que las viviendas en alquiler en España son algo más de 3.200.000, de las que el 95,6 están en manos de particulares con una o dos viviendas en el mercado y más de dos millones de propietarios. Pero es su coartada para sentarse en la mesa de negociación con el Gobierno, representando al jubilado que complementa su pensión y no al fondo buitre que saca rentabilidad de un bien de primera necesidad.
Compartido con Aquimicasa