Será por el revuelo que se ha montado por el acuerdo para la Ley de Vivienda, será por la carrera que se está dando Sánchez anunciando cifras de nuevas viviendas sociales en cada ocasión que se le presenta, será porque estamos en año electoral o tal vez porque el problema es ya tan sangrante que incluso está haciendo daño en la tradicional cara dura de los políticos, el caso es que el debate sobre la vivienda y las vergonzosas cifras de España en ese aspecto están en los medios casi a diario.
Nuestro país tiene un terrible problema de vivienda social que es el origen de otros muchos que circulan en paralelo. Contamos con titularidad pública en menos del 2,5% del parque total de vivienda en España. Con datos reales, un total de 290.000 viviendas sociales de las que 180.000 son propiedad de las Comunidades Autónomas, que son las administraciones competentes al respecto y otras 110.000 que pertenecen a los ayuntamientos. Es decir, menos de 0,9 viviendas por cada 100 habitantes.
Una cifra irrisoria si tenemos en cuenta que los países del más avanzado mundo occidental al que pertenecemos, multiplican por algo más de cuatro esta cifra y algunos de ellos, como Holanda, Dinamarca y Austria, por más de 10. El país con mayor porcentaje de vivienda social es Países Bajos, con un 30%, seguido de Austria, con un 24% y Dinamarca, con un 20,9%. Tan sólo tenemos mejores ratios que Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Portugal, Estonia y Croacia.
Muchas ayudas públicas a la compra y poca vivienda social
De estas 290.000 viviendas sociales que hay en España, y a pesar de que con mil y un subterfugios propiciados por la miopía o dejadez de las administraciones, la inmensa mayoría de las viviendas vendidas han pasado a titularidad privada, todavía existe un cierto número de ellas en propiedad, aunque la mayoría son en régimen de arrendamiento.
Teniendo en cuenta los datos por comunidades autónomas, Andalucía es la que encabeza el número de viviendas sociales en arrendamiento con un total de 49.174 inmuebles en alquiler. Le sigue el País Vasco, que ha cambiado su anterior política de viviendas en propiedad a un modelo 100% en alquiler, con 23.874, seguidas de Madrid, aún con 20.077 viviendas a pesar de las nefastas ventas de vivienda social a fondos buitre por parte de las administraciones del Partido Popular en Ayuntamiento y Comunidad. En la parte contraria de la tabla encontramos a La Rioja con 22 y a Cantabria con 166.
Si nos fijamos en las viviendas de titularidad pública, pero destinadas a la compra con distintos plazos de permanencia en éste régimen, Andalucía también se encuentra a la cabeza con 20.426 viviendas, seguida por Castilla y León, con 7.638, y Ceuta con 5.224. Y en el final del listado encontramos a Navarra, con 62; Galicia, con 155 e Islas Baleares, con 310.
Mucha inversión pública al bolsillo de los propietarios
Y no es que no hayamos invertido en vivienda, que entre ayudas y subvenciones existen en nuestro país más de 6.000.000 de viviendas que se han beneficiado de fondos públicos por un total de algo más un billón de euros, sino que ha sido una política de vivienda mal orientada hacia la compra y que ha lucrado a los propietarios. Ahora, cuando llega el problema de la falta de vivienda social, que se va a continuar agravando, salen los conceptos de propiedad privada, seguridad jurídica, legítimo beneficio y denuncias de políticas de meter la mano en los bolsillos. De las ayudas recibidas nadie se acuerda y eso que se pagaron con dinero de todos los españoles, hacia unos pocos.
Y parece que tampoco nadie se acuerda de que la Constitución española establece en su artículo 47 que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una “vivienda, digna y adecuada”. Para ello, “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias” y establecerán las normas pertinentes para hacer posible este derecho.
El problema de la ausencia de vivienda asequible es de supervivencia
Y menos mal que parece que se han puesto manos a la obra, porque como ya decía unos párrafos antes la situación está muy mal, y a pesar de todos los esfuerzos se va a seguir agravando porque es muy difícil subvertir el problema dela vivienda en una o dos legislaturas si no es pisando callos. Y no se trata de eliminar esos complementos económicos de salarios y pensiones, sino de controlar su rentabilidad para garantizar la supervivencia del país.
Porque eso es lo que nos estamos jugando; con el 1,1% de tasa de natalidad, la situación está para pocas bromas. Y uno de los principales problemas para la emancipación de los jóvenes y la formación de parejas fértiles es el problema de la vivienda. La cueva del prehistórico en versión con balcón y habitaciones para los niños. Mucha protesta de que no se pueda subir la rentabilidad de los pisos en alquiler por encima del 2% ó 3%, pero aún no he visto manifestaciones delante de los bancos por la rentabilidad de los depósitos. La marca España desaparece cuando nos tocan el bolsillo.
Precios inasequibles en venta o alquiler
El origen de la situación, además de la escasa visión de la administración o mucha, vaya usted a saber, está la consideración de la vivienda no como un bien de primera necesidad sino como bien de inversión. Y de esta consideración ha llegado el incremento de los precios para la compraventa, que ha sido de un 8,2% en 2022 sobre el año anterior, y el de los alquileres que han subido en España un 41% en los últimos 5 años y un 32% en la última década. Mucho menos que los salarios y además gozando de una presión fiscal casi inexistente.
Madrid y Baleares en la peor situación
Como no podía ser de otra manera, al incrementarse el precio de la vivienda por encima del aumento de los salarios, el índice de esfuerzo inmobiliario ha subido un 3,5% a lo largo del último año, lo que está dificultando cada vez más el acceso a la vivienda a las rentas más bajas. Por supuesto que existen muchas diferencias entre Comunidades Autónomas y ciudades, con Islas Baleares y Madrid en cabeza.
En valores absolutos, las diferencias entre comunidades oscilan entre los 9,5 años que un ciudadano de la Comunidad de Madrid debe destinar para la compra de una vivienda hasta los 5 años necesarios en Murcia y La Rioja. Islas Baleares continúa registrando valores muy por encima de la media nacional, con 17,6 años de salario íntegro.
Y la situación para los que viven de alquiler no es mejor sino incluso peor; el esfuerzo que las personas con salario mínimo tendrían que destinar al pago del alquiler en todas las comunidades autónomas supera el 30% recomendado, dificultando la sostenibilidad de la capacidad de pago y consumo de las familias. Este último dato, calculado con datos oficiales del MITMA, alcanza el 64,1% en Comunidad de Madrid y supera el 50% en Cataluña o Islas Baleares.
Mientras que el coste de arrendar un piso de 70 metros cuadrados se dispara de media hasta los 786 euros, este alquiler supera ya los 1020 euros en ciudades como Madrid o Barcelona que se sitúa en los 1.045 euros. Si tenemos en cuenta que en términos mensuales (calculado para 12 pagas anuales), desde el año 2022 el salario medio mensual de los trabajadores españoles se sitúa en los 2.086,8 euros brutos, es decir de 1.664 euros netos en Madrid, esto implica que la parte del salario que se destina a pagar una casa donde vivir escala hasta casi el 70% en estas ciudades
La situación podría haber empeorado mucho en 2023, pero las decisiones del Gobierno, contempladas en la Ley de Vivienda, para limitar las subidas de los alquileres y dificultar los desahucios harán más llevadera la situación para las familias más vulnerables, al menos este año y el próximo.
Las elecciones animan el mercado de la vivienda social
Sin embargo, estas medidas no pueden perpetuarse en el tiempo y la solución al problema de la vivienda de alquiler en España, su falta de existencias, su elevado coste y las exigencias despóticas de los propietarios, es una amplia oferta pública que compita con el mercado privado, que haga bajar los precios de los alquileres y devuelva cordura a la situación. Cuando el mercado se equilibre, con esa amplia oferta pública en todas las zonas, se podrá dejar que se regule a sí mismo, mientras tanto hacerlo será dejar el mango de la sartén a los arrendadores y a las multinacionales del alquiler.
Sánchez lo sabe, así como que el problema de la vivienda está ascendiendo en importancia entre las preocupaciones de los españoles porque cada vez son más los afectados. Y en año electoral no va a dejar pasar la oportunidad de seguir anunciando nuevas actuaciones para construir viviendas públicas asequibles, como la medida anunciada el pasado martes en el Senado para construir 20.000 viviendas públicas de alquiler en terrenos del Ministerio de Defensa.
Con este del Senado ante Feijóo, es ya el tercer anuncio en este sentido y teniendo en cuenta las viviendas públicas proyectadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en su plan de vivienda para el alquiler asequible, se alcanzarán las 183.000 de titularidad pública para el alquiler. También la Xunta Galicia, después de unos años en que con Feijóo no se ha construido ni provisto ninguna, acaba de anunciar una inversión de 250 millones de euros para poner en el mercado 2.000 pisos para alquileres sociales. Esperemos que no suceda como con el Plan Vive Madrid de Ayuso, que después de haber pregonado viviendas en alquiler social en 43 municipios, no se ha entregado ni uno de los 15.000 pisos prometidos.
Es bueno que Sánchez, constatada la necesidad y el interés de los electores, salga anunciando miles de pisos y que otras comunidades autónomas le sigan. Esta competencia en el mercado público de la vivienda es lo que interesa. A ver si conseguimos hacer lo mismo con la Sanidad y la Educación, para que las Comunidades Autónomas compitan entre ellas ofreciendo los mejores servicios públicos a sus no siempre agradecidos votantes y dejen de hacerlo con ver quién baja más los impuestos y los servicios.
Compartido con Aquimicasa